Asociación Profesional de la Magistratura

La Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, ha modificado el artículo 351 de la LOPJ. Si antes sólo se concedía la situación de Servicios Especiales a los Jueces y Magistrados que desempeñaran puestos políticos en el ámbito de la Justicia y siempre que no fueran el de Ministro de Justicia o Consejero de Justicia de una Comunidad Autónoma, a partir de ahora se otorgará este beneficio a cualquier Juez que ocupe un cargo político -incluyendo el de Ministro- y aun cuando el cargo sea ajeno a la gestión de la Administración de Justicia.

Ante esta reforma, que elimina la exigencia de que los Jueces que deseen pasar a la política pidan la excedencia voluntaria de la Carrera Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura desea denunciar que:

1. La nueva regulación facilita una permeabilidad entre el Poder Judicial y la actividad política, comprometiendo así la credibilidad de muchas de las resoluciones judiciales futuras.

2. Con esta reforma el Poder Legislativo se muestra ajeno a la imagen de imparcialidad que ha de ofrecer el Poder Judicial, potenciando un descrédito que anida en regulaciones normativas ilógicas o designaciones personales de influencia.

3. La reforma se ha abordado de forma sorpresiva, sin que formara parte del inicial proyecto normativo en el que se ha realizado y eludiendo todo debate público por haber sido introducida de consenso en el trámite legislativo en el Senado.

4. La aplicación con efectos retroactivos a quienes están desempeñando actualmente responsabilidades políticas del mayor nivel, evidencia que la reforma se impulsa por complacencias personales y no por los intereses generales que deben presidir cualquier regulación institucional que afecte al núcleo esencial de control en un Estado democrático.

NOTA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA.

A diario los medios de comunicación nos ofrecen datos acerca del trato que ha venido manteniendo el gobierno de España con la banda terrorista ETA.

Por lo que se publica, y sin prejuzgar el resultado de los procesos judiciales en curso, conocemos que en esas reuniones los comisionados del gobierno han llegado a equiparar las necesarias y beneméritas actuaciones del Estado de Derecho en defensa de las libertades de los ciudadanos, con las abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas  ejecutadas por los enemigos de la pacífica convivencia de la sociedad española en el seno de nuestra  legalidad democrática y constitucional. Se confunde así por esos comisionados el ejercicio de la legítima autoridad  estatal frente al delito con una pugna  entre iguales.

Sabemos, en la medida en que se ha publicado sin desmentido alguno, que esos comisionados han considerado las actuaciones de la Justicia como un problema y un obstáculo, a veces incluso insalvable y siempre creador de dificultades de necesaria elusión, para el desarrollo y consecución de los fines propuestos por los interlocutores.

Los medios también nos dan cuenta de que, sin adelantar juicos de certidumbre, como consecuencia de esa mentalidad consistente en considerar los principios del Estado de Derecho como algo ajeno a los interlocutores, los comisionados han entendido que llevar a cabo actuaciones encaminadas a frustrar actuaciones judiciales supone una prueba de leal proceder.

Este comportamiento de los comisionados deslegitima la actuación  de los jueces en la medida en que coloca al mismo nivel e incluso supedita su actuación, al servicio de la legalidad democrática, a determinadas conductas que, sin embargo, se califican de delictivas en cualquier sociedad moderna.

Significa también esta forma de conducirse de los comisionados una interferencia, a través de diversos y variados medios, en la independencia de los jueces que dirigen los procesos contra el terror. 

La Asociación Profesional del Magistratura, desde la convicción de que, entre otros, los jueces, independientes y sujetos sólo al imperio de la Ley, son protagonistas de la lucha democrática contra el delito, rechaza y reprueba estos comportamientos, incompatibles con la previsiones constitucionales de separación de poderes e independencia judicial.

De manera especial cuestiona, por tanto, la conveniencia de que uno de esos comisionados, el Sr. Gómez Benítez, siga integrado en el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuya razón de ser no es otra que la defensa de la integridad de la jurisdicción y la independencia de los jueces, desde una perspectiva de Estado democrático de Derecho, única que confiere legitimidad tanto a la función del Consejo como a las resoluciones judiciales. 

Madrid, 5 de abril de 2011

Asociación Profesional de la Magistratura
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